La distinción gobierno/oposición
En la actualidad el nombre que el sistema político se da a sí mismo es
“democracia”. A partir de mediados del siglo XX la democracia se
consolida como un sistema de gobierno funcional a la sociedad
contemporánea en el que la política debe absorber la incertidumbre y la
inestabilidad que generan otros sistemas sociales, principalmente, la economía,
para que la sociedad no intente resolver esos problemas por afuera de la
política y de manera incontrolada. En un plano más ilusorio que real, suele
presentarse la democracia como la forma civilizada que hace posible la
alternancia de gobierno/oposición en el ejercicio del poder sin apelación a la
violencia.
En nuestro tiempo resulta imprescindible el reconocimiento de la diferencia
gobierno/oposición como una de las distinciones de mayor relevancia, dentro
del sistema político. Esa distinción puede verse como las dos caras de la misma
moneda. No pueden escindirse ni prescindir una de la otra para que el sistema
siga operando. El gobierno ocupa los cargos desde los cuales se toman las
decisiones que vinculan colectivamente. La oposición parte de esas decisiones
(o de sus omisiones) para sostener el sistema sobre todo criticando, exigiendo
y dejando constancia que en el futuro si ellos fueran gobierno harían otra
cosa. En otras palabras, la oposición (que prefiere ser gobierno) trabaja para
la alternancia, y su estrategia consiste en sostener su tarea con promesas.
Esto significa que de aquí en más administrar el poder para tomar decisiones
debe hacerse en condiciones muy inestables y variables, que se explicitan en la
diferencia capaz de darle cauce a posiciones controvertidas. Pero no sólo eso.
Quienes están dispuestos a jugar el juego político en el campo de la
democracia, o a representar la obra en este escenario (todo depende de la
metáfora sobre la sociedad que uno escoja para explicar el fenómeno) preferirán
ser gobierno, porque es de ese lado del esquema donde se decide. Cuando se
ocupa el lugar de la oposición todo lo que puede hacerse es criticar, exigir
correcciones, señalar “lo que falta hacer”, poner en entredicho las decisiones
que toman los que están en el gobierno. Éstos, a su vez, no podrán perder de
vista nada de lo que quede plasmado en los discursos de la oposición, porque
para unos y otros la preferencia es siempre estar en el gobierno. De modo que
el gobierno necesita de la oposición para administrar la contingencia. La
realidad obliga a gobierno y oposición a acercarse para hacer lo que se puede y
eso deja en evidencia que los cruces por diferencias entre unos y otros se
reducen a la esgrima verbal que se practica en el campo discursivo. La
democracia, en pocas palabras, se reduce a regular la amplitud de ese “campo de
batalla sembrado de palabras” (otra metáfora posible) dejando ver cuánta
capacidad tiene para tamizar los temas que sólo pueden discutirse.
Desencanto
A la luz de los resultados que produce, la relación gobierno/oposición
conduce al desencanto de la población. Este desencanto se traduce en
desconfianza hacia el sistema político en general, y la democracia en
particular. La desconfianza hace que la legitimidad de origen de
la democracia sea cuestionada. Según Rosanvallón (2009) la legitimidad de
origen es una legitimidad procedimental y cuantitativa que está
directamente asociada a la consolidación de la democracia a través del sufragio
universal. En nuestro tiempo, esa legitimidad procedimental, la de mayoría, se
ve afectada por la relativización y la desacralización del sentido de las
elecciones. Por eso ahora esa legitimidad debe comple-mentarse con la
legitimidad de las prácticas políticas de los actores del sistema (legitimidad
de ejercicio), quedando para las elecciones una función de designación de
los gobernantes, más que de legitimación. En este sentido, la legitimidad pasa
a ser una conquista posterior al acto eleccionario, propia de otras conductas y
prácticas políticas. En general, esas prácticas y conductas están asociadas a
la transparencia, el respeto a los procedimientos, y a eso que, en conjunto, se
conoce como buen gobierno o gobernanza2.
Por deficiencias propias de los gobiernos y oportunismo ajeno de las
oposiciones la actividad política en las democracias contemporáneas exhibe una
tendencia hacia la deslegitimación permanente de los gobiernos elegidos por
mayoría. El proceso de deslegitimación es la resultante del
aprovechamiento de la desconfianza de la población en las elecciones (Luhmann
dice que, hoy en día, “las elecciones son un test de popularidad”) y los
gobiernos, por parte de los políticos que integran el núcleo del sistema y los
actores de la periferia, articulados, principalmente por los MMC. En conjunto
estos actores contribuyen a deslegitimar la función del sistema político
poniendo en riesgo su capacidad para tomar decisiones que vinculen
colectivamente. Este proceso de deslegitimación se lleva a cabo a través de dos
grandes canales de participación y comunicación política:
1. Producción de comunicación política negativa. Comunicación política negativa es aquella
producida de manera deliberada por un conjunto de emisores organizados con la
finalidad de desinformar, confundir y escandalizar a los receptores a los que
van dirigidos sus mensajes. La comunicación negativa tiene una usina, dos
grandes grupos de voceros, dos espacios de difusión bien definidos y dos
beneficiarios que se excluyen mutuamente, pero son funcionales uno al otro. La
usina de la comunicación negativa es el conjunto de factores de poder que
construye estrategias discursivas (argumentos racionales y/o emocionales) que
sostienen sus intereses sectoriales. Sus voceros son los periodistas y
los políticos parlamentarios (en general, los legisladores). Los espacios
sociales privilegiados donde se expresa la comunicación negativa son los
medios de comunicación y el parlamento. Finalmente, los beneficiarios
son indistintamente el gobierno y la oposición, según la dirección en la que se
orienta la producción de esta comunicación.
No se puede terminar de comprender adecuadamente el proceso de deslegitimación
del sistema político si no se capta en toda su dimensión el protagonismo del
periodismo político de nuestra época, que se ha constituido en la versión
moderna y secular de los oráculos antiguos, los monjes medievales y los
maestros de la modernidad. En este sentido, Pierre Bourdieu (2004), glosando el
famoso libro de Karl Kraus “contra los periodistas”, puntualizó algunos rasgos
de este oficio que contribuyen a darle forma a la comunicación negativa.
Afirma, en primer término, que los periodistas se arrogan el
monopolio de la objetivación pública. Esto significa que, si lo dicen
ellos, entonces es cierto y las cosas, los hechos o las personas son como los
periodistas dicen que son. En segundo lugar, constata el poder (y el abuso
de poder) que el periodismo ejerce cotidianamente sobre nosotros, y eso
debería servirnos como advertencia para ser precavidos ante sus especulaciones,
conjeturas y afirmaciones. En tercer lugar, Bourdieu menciona cómo ejercen ese
poder los periodistas, diariamente, a través de la divulgación masiva en los
grandes medios, y lo hacen en el acto “de publicar o no publicar los hechos
o los comentarios a ellos dirigidos (hablar de una manifestación o guardar en
silencio, de dar cuenta de una conferencia de prensa o ignorarla, de dar cuenta
de manera fiel o inexacta, o deformada, favorable o desfavorable), o hasta en
desorden (a granel), por el hecho de poner los títulos o las leyendas, por el
hecho de pegar etiquetas profesionales más o menos arbitrarias, por exceso o
por omisión (podríamos hablar de los usos de la etiqueta de “filósofo”), por el
hecho de constituir como un problema algo que no lo es, o la inversa. Pero
pueden ir más allá, impunemente, respecto a personas, a sus acciones o a sus
obras. Podemos decir sin exagerar, que tienen el monopolio de la difamación
legítima”. En cuarto lugar, pone en
tela de juicio la moralidad o ética siempre presentes si no explícitamente,
como telón de fondo de las notas o editoriales que escriben en los diarios o
dicen en la radio o la televisión. En ese sentido, recuerda que Kraus “…tenía
horror por las buenas causas y de aquellos que sacan provecho: es un signo, a
mi juicio, de salud moral de estar furioso contra aquellos que firman
peticiones simbólicamente rentables. Denuncia lo que la tradición llama el “fariseísmo”.
Por eso, expone sus “…dudas sobre la deontología y sobre todas las formas de
pseudocrítica periodística del periodismo, o televisiva sobre la televisión,
que no son más que distintas maneras de hacer el audiómetro y de restaurar su
buena conciencia, dejando todo en su lugar”.
Sin embargo, todo esto no es más que el resultado de la puesta en
marcha de la comunicación negativa que el periodismo ejercita diariamente. Tal
vez lo más significativo está en la forma como instrumentan ese valor de la
comunicación. En líneas generales lo hacen recurriendo a la utilización de tres
recursos que generan la misma cantidad de efectos y que, en conjunto definen la
comunicación negativa:
* Interpretar para desinformar. Cuando interpretan se
produce un fenómeno curioso. Interpretan los hechos como lo haría cualquier
persona (muchas veces, “para que la gente entienda”) pero, como lo hacen desde
un lugar privilegiado en términos de emisión para la comunicación (el púlpito
de los medios), sus interpretaciones se toman por (o se transforman en)
contenidos informativos. Por lo general esas interpretaciones cuentan con
escaso respaldo argumentativo o fáctico y eso hace que esa faceta informativa de
la interpretación termine desinformando, sobre todo cuando se cruza con otras
interpretaciones surgidas de la misma manera.
* Opinar para confundir. El resultado de cada interpretación
periodística (que, como dijimos, tiene un peso social superior a cualquier
interpretación que no circule por los medios), se transforma en una opinión
autorizada que aumenta sus dimensiones a medida que luego se replica en otros
medios y en otros programas en las que se confronta con las opiniones de otros
periodistas o “expertos” que en pocos segundos nos explican su punto de vista
de cualquier cosa (un choque, una explosión, un asesinato, el sentido de una
ley, un eclipse, el reglamento de un deporte, o lo que sea). Se produce
entonces en la audiencia o entre los lectores un efecto de saturación por
exceso de opiniones. Ese exceso cuantitativo suele ser siempre defendido y
exaltado como una expresión genuina de pluralidad de voces que fortalecen la
democracia.
* Confrontar para escandalizar. Es posible que alguna
vez algún maestro de periodistas les haya dicho que un buen periodista es aquel
que hace preguntas incisivas, molestas, o que es capaz de poner en aprietos a
su entrevistado confrontándolo con su propio “archivo”, con su pasado o con su
rival, adversario, o contrincante de turno. Cuando uno ve o escucha esos
“debates” que puede ser entre vedetes o políticos (si es que hay diferencia
entre ellos) advierte de inmediato que la propuesta no apunta a llegar a alguna
conclusión superadora de las diferencias sino a llenar un vacío mediático con
el escándalo que surge de la confrontación. Los medios, en definitiva, se ha
convertido en eso: un vacío que hay que llenar con lo que sea y el escándalo no
es más que uno de los rellenos predilectos de los periodistas.
En pocas líneas Pierre Rosanvallón (2007: 112-113) nos sintetiza el
rol político del periodista en nuestros días: El periodista “ya no es como
en el pasado el modesto plumífero de letras o el servidor asalariado de los
poderosos que le dan órdenes. Se impone como una figura política central,
intocable y casi sagrada. Más aún se convierte en una verdadera institución”.
Y, para completar su lectura, nos ilustra acerca de la función del periodista
dentro del sistema político moderno: “Sin tener el derecho de elegir, busca
dirigir las elecciones; sin tener el derecho de figurar en los cuerpos
deliberantes, busca influenciar las deliberaciones; sin tener el derecho de
participar en los consejos del soberano, busca provocar o prevenir los actos de
gobierno. En una palabra, busca sustituir con su acción la de todos los poderes
establecidos y legales, sin estar en realidad investido de un derecho
propiamente dicho” (ob. cit. ,115).
Pero si algo le faltaba al periodismo para terminar de completar esta
forma de construir comunicación negativa, aparecieron los comentarios de
“la gente” en las notas de los diarios que leemos en Internet. Es probable que
en nombre de la libertad de expresión, los comentarios y los comentaristas
vinieron a unirse a los periodistas para terminar de darle forma a este nuevo
valor de la comunicación.
En resumen, la comunicación negativa se sostiene en la
interpretación que los periodistas hacen de los hechos, en las opiniones que
ellos tienen sobre los acontecimientos y las personas, y en la construcción de
confrontaciones (reales o inventadas) que sirven para mantener despierto el espíritu
amodorrado de los lectores y las audiencias. Interpretar, opinar y confrontar
son las prácticas más usuales de los periodistas que construyen comunicación
negativa, y esas prácticas suponen una gradación de calidad en su puesta en
acto (no es igual la calidad de la opinión de un editorialista avezado que la
de un cronista; no es lo mismo que interprete los resultados de las encuestas
–otra herramienta de la comunicación negativa- el conductor de un programa
político, que lo haga un ciudadano común; no son equiparables las
confrontaciones que nacen de la pluma de un jefe de redacción o del comentario
de un conductor del panel, con las que provoca un notero en la calle,
pidiéndole la opinión sobre su supuesto adversario, al entrevistado de
ocasión).
El otro ámbito donde se genera comunicación negativa dentro del género
político es el parlamento. Y, lógicamente, sus gestores son, sobre todo, los
parlamentarios, pero, para decirlo más en general, cualquier político que ocupe
un puesto por afuera de los cargos donde se toman decisiones. Ya hemos visto
que la democracia moderna ha hecho del parlamento un lugar donde suceden dos
cosas: por un lado, se cobijan quienes trabajan de políticos y tienen pocas o
ninguna chance de ocupar cargos en los puestos de decisión que, por lo general,
son los que se encuentran dentro del poder ejecutivo (desde el presidente y los
gobernadores hasta los ministros), y ahora también, en el Poder Judicial. Por
otra parte, el parlamento es el lugar en donde esas personas que van de un
partido a otro con la doble finalidad de conservar su puesto de trabajo de
políticos y de expresar las ideas de sus empleadores/anunciantes, hablan entre
ellos haciendo ver que lo hacen en nombre del pueblo o de sus representados,
pero en realidad sólo hablan para cumplir con su trabajo que, justamente,
consiste en hablar y cobrar por eso. Para poder hacer su tarea lo que hacen es
politizar algún tema (casi siempre instalado por la agenda mediática o por los
movimientos sociales) para luego estar en condiciones de hablar sobre la
cuestión.
Un pequeño grupo de ellos, además de hablar en el recinto y en las
comisiones, va de un set televisivo a otro, y pasan de un micrófono de radio a
otro. Son los “parlamentarios mediáticos”. Ellos se encargan de llevar
por los medios las opiniones de sus empleadores que casi siempre son empresas o
corporaciones en nombre de las cuales hablan (en el parlamento y en los medios)
intentando que no se explicite ese mandato. Son, en verdad, personas
especiales. No tienen ningún empacho de pasar de un partido a otro o de una
organización política a otra, con tal de conservar el trabajo. Saben que lo
único que tienen que hacer es hablar y adecuar el discurso a las necesidades de
sus empleadores de turno. Ningún partido puede prescindir de ellos, por eso es
difícil encontrar algún político que no haya saltado de una organización
partidaria a otra, pero también es difícil encontrar algún partido que no tenga
o haya tenido entre sus filas a uno o más de estos mutantes.
Esta situación, que no es nueva, pero que se ha transparentado en esta
época por la exposición que tienen tanto los políticos como las sesiones del
parlamento gracias a la difusión que le dan los medios, ha hecho del parlamento
un ambiente donde se genera comunicación negativa (o sea: desinforma, confunde
y escandaliza) y ha hecho de ésa, una institución absolutamente desprestigiada.
Tal vez una prueba de esto es que, a la población cuando va a votar, no le
interesan ni las personas ni los nombres de los políticos que ocupan las listas
por debajo de los parlamentarios o legisladores mediáticos.
Lenin recordaba textos de Marx en “la comuna de París” y señalaba que
“...en cualquier país parlamentario, de Norteamérica a Suiza, de Francia a
Inglaterra, Noruega, etc.: la verdadera labor “de Estado” se hace entre
bastidores y la ejecutan los ministros, las oficinas, los Estados Mayores. En
los parlamentos no se hace más que charlar, con la finalidad especial de
embaucar al “vulgo”.
Pero mucho más cerca en el tiempo, Luhmann, un sociólogo insospechado
de producir ideas radicales como las de Marx o Lenin, observó que “la
politización de los temas no está enlazada de antemano a la solución racional
de problemas... Los problemas se tratarán dando preferencia a aquellos
problemas que no se pueden resolver (por ejemplo: creación de nuevas plazas de
trabajo), sobre lo que es posible hablar sin que se sigan de allí mayores
consecuencias. En este campo surgen talentos especiales que poseen habilidad de
dar con estos problemas, de evitar su solución y de hacer que otros se ocupen
de ello. Se llega así en sentido general a la hipocresía dado que se simula que
con tan sólo buena voluntad se pueden solucionar los problemas”.
2. Formación de contrapoderes. La otra ruta que
conduce a la deslegitimación es la que Pierre Rosanvallón (2007) denomina contrademocracia y que consiste en la
formación y el avance de los contrapoderes. El fervor por la legitimidad de
ejercicio desplaza o minimiza la importancia de la legitimidad de origen y, al
mismo tiempo, impulsa la formación de contrapoderes. Los contrapoderes
despliegan un conjunto de formas indirectas del ejercicio del poder que se
activan en la periferia del sistema, cuestionan el funcionamiento de las
instituciones y son más eficaces cuanto más las debilitan. Según este autor
actúan como una fuerza material de resistencia práctica a los poderes
legitimados sólo por el voto, y se constituyen en un problema, una sanción y un
cuestionamiento a lo instituido. Los contrapoderes se manifiestan de manera
permanente, sin restricciones y se presentan agrupados en tres grandes
conjuntos:
Poderes de control. Los poderes de control se presentan en
tres modalidades: Como vigilancia, como denuncia y como calificación. La
vigilancia puede ser de dos tipos. Por un lado, la vigilancia cívica
que es una vigilancia directamente política y se manifiesta por medio de
intervenciones en la prensa o en asociaciones (por ejemplo, sindicatos o
cámaras empresarias), haciendo huelgas o peticionando. La protesta y el llamado
de atención son sus expresiones más eficaces. Por otro lado, la vigilancia
de regulación que es indirecta y se caracteriza por ser evaluativa y
crítica de los gobernantes. La vigilancia de regulación cumple una función de
agenda, es decir, instala los temas que luego toman los medios y la opinión
pública, para ser discutidos y debatidos socialmente. Estas dos prácticas se
canalizan a través de encuestas, redacción de informes, publicaciones, etc., e
Internet es uno de los medios privilegiados para su difusión. La denuncia
se sostiene en la figura del escándalo y tal vez sea uno de los recursos más
utilizados por los contrapoderes que, por medio de sus voceros, la utilizan
para producir comunicación política negativa. También cumple una función de
agenda y produce un triple efecto: de institución, de moralización (en el
sentido de ausencia de transparencia), y de afectación de la reputación de los
políticos y los gobernantes. Por último, la calificación es una especie
de evaluación de las administraciones y la política que pretende documentar y
argumentar técnica y cuantitativamente el desempeño y las acciones de los
funcionarios. También, en este caso se vigila o se pone en juego la reputación,
pero ya no de orden moral sino de orden técnico, de competencia o de idoneidad
de los gobernantes.
Poderes de sanción y obstrucción. Estos poderes se
organizan en coaliciones que, en conjunto, le dan forma a una soberanía social
negativa, es decir un poder sustentado en la capacidad de impedir. Según Rosanvallón no necesitan ser
coherentes, y por eso son frágiles y volátiles (en nuestro país sobran los
ejemplos de “alianzas” construidas para llevar adelante esos propósitos). Por
lo general se expresan en el bando de la oposición y constituyen “una
democracia de rechazo frente a una democracia de proyectos”. Mantienen una
confrontación permanente de vetos e impugnaciones que provienen de grupos
económicos, sociales y políticos, apoyados en una población siempre dispuesta a
favorecer los obstáculos capaces de frenar las acciones de gobierno.
Poderes de enjuiciamiento y judicialización de la política. Se espera
de los procesos judiciales lo que no se obtiene en las elecciones. La
democracia del debate y la confrontación le deja su lugar a la democracia de
imputación. Se impone el juicio como procedimiento de puesta a prueba de los
comportamientos. Es una especie de
política de la política (metapolítica) considerada superior a las elecciones
porque produce resultados más tangibles. La judicialización de la política no
busca el ejercicio de la justicia distributiva o de mayor equidad sino una
falsa justicia represiva, de sanción y estigmatización del sistema y de los
políticos vistos como sospechosos y defraudadores voluntarios. Parece que se
condena a las personas, pero se termina enjuiciando al sistema.
La apropiación ciudadana de los contrapoderes conduce a devaluar y
disminuir el poder legal. Con estas prácticas y estas estrategias conducen a la
deslegitimación de los gobiernos surgidos del voto popular y, con ello,
contribuyen al desencanto democrático.
Al mismo tiempo debilitan la capacidad de la sociedad de entender la
política como un proceso complejo que debe captarse y entenderse como una
totalidad y no por episodios o eventos aislados e inconexos. Lo que los
contrapoderes ganan en control, obstrucción, impugnación e imputación lo pierde
la sociedad en visibilidad y en legibilidad del conjunto. Se presta demasiada
atención a cada hecho, evento o episodio de la coyuntura política, económica,
educativa o de cualquier otro ámbito, y se pierde de vista el carácter
complejo, sistémico y estructural del funcionamiento democrático.
Según Rosanvallón cuando el ejercicio de estos poderes indirectos
degenera, se instaura la antipolítica que no es otra cosa que la
tendencia contemporánea a la disolución de lo político. La antipolítica
es la consecuencia patológica del control, la obstrucción y la sospecha que
termina en la estigmatización compulsiva y permanente de los gobernantes, hasta
el punto de constituirlas en fuerza enemiga, radicalmente exterior a la
sociedad. Concibe el poder como una máquina siniestra de conspirar y complotar.
Es un verdadero problema contemporáneo, una patología de la política de nuestro
tiempo, que acompaña el crecimiento de la democracia bajo la influencia de los
contrapoderes. Se busca tanto la transparencia política que se termina
abandonando la búsqueda de la construcción de un mundo común. Se está más
atento a la moral y las cualidades de los políticos que a la búsqueda del
bienestar o del interés general. En pocas palabras, la antipolítica es heredera
de un estilo de ridiculización política ilustrado principalmente por la prensa
y los MMC que asumen una perspectiva pesimista y desilusionada, a partir del
ejercicio de la comunicación negativa, que no busca tanto cambiar el curso de
las cosas como disminuir y abuchear a los funcionarios.
En simultáneo, el sistema pretende relegitimar la democracia (el
dominio del pueblo) y el funcionamiento del núcleo interno del sistema
político, es decir, la relación administración/población/política apelando a
los valores. Dicho de manera más acotada, la proclamación de valores se
utiliza como recurso para la legitimación de la democracia. Con la prédica de
valores el sistema se hace inseguro e inestable porque a la hora de decidir
tiene que optar por opciones concretas y, muchas veces, contrarias entre sí.
Mientras los valores intentan legitimar el sistema, las decisiones ayudan a
acrecentar las tensiones. En este contexto, para seguir actuando en política
hay que incluir en los discursos y exposiciones, apelaciones a la paz, la
libertad, el consenso, el diálogo, etc., sabiendo que los problemas que el
entorno le plantea al sistema exigen otras fuentes donde abrevar y otros
recursos para funcionar. Esta forma de legitimación es inconducente porque
olvida la separación entre la forma que la política elige para adoptar
soluciones y los problemas estructurales de la sociedad moderna que no guardan
ninguna relación con esos valores. Al hablar de valores lo que se pretende
ocultar es la autorreferencia de la política, el hecho objetivo de que la
política y todos sus actores trabajan para sí mismos. Se prefiere que no se
note que muchos de los valores que se usan para armar el discurso democrático
de la política actual, muchas veces se contradicen entre sí (paz/justicia,
libertad/igualdad). Pero no deja de ser un trabajo interesante de los políticos
hablar siempre sobre valores porque lo que se sabe es que hablando no se
decide. Para decirlo de otro modo, el sistema habla de valores pero gobierna
tomando decisiones concretas. Cuando uno se da cuenta de todo esto advierte que
la diferencia de programas entre partidos es una ficción con la que hay que
contar para que el sistema político siga haciendo su trabajo y cumpliendo con
su función, porque lo que no puede dejar de hacer es seguir tomando decisiones.
Por todo esto Luhmann sintetiza las razones del desencanto político en
este fragmento: “en las elecciones los políticos tratarán de convencer al
pueblo que los elija. Se dedicará mucha atención a la presentación correcta de
programas políticos y se introducirán acentos morales para insinuar que ciertas
políticas sólo podrían ser alcanzadas por gente que sabe lo que es bueno y
verdadero. Es evidente que uno puede darse cuenta de este juego, pero el
sistema está inmunizado contra ese tipo de observación porque en este nivel
(nosotros diríamos: sistémico) no existe otra alternativa: al parecer no hay
otra manera de manejar complejidad política. Si se descubriera otra forma esto
significaría una verdadera revolución. Al pueblo no le queda más alternativa
que resignarse ante las alternativas que se le proponen.
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